Ganancias de Odebrecht y sus socias en Rutas de Lima son mayores a US$750 millones. Si se renegocia lesivo contrato, peajes se pueden reducir por lo menos UN SOL.
Rutas de Lima es una estafa para la ciudad. La pérdida
social de la concesión supera US$600 millones. Pero, si el contrato se
renegocia, las tarifas de los peajes pueden reducirse por lo menos en un sol
sin que la concesión deje de ser en extremo rentable para Odebrecht y sus socias. La Municipalidad también
puede terminar el contrato de forma unilateral y ahorrarle cientos de millones
de dólares al ciudadano.
En febrero de 2013, la gestión de Susana Villarán firmó el
contrato de concesión Rutas de Lima con un consorcio conformado por Odebrecht y
Sigma. El Municipio entregó durante 30 años el usufructo de los peajes de Panamericana
Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé a cambio del compromiso de invertir
US$590 millones además de darle mantenimiento a las vías. El contrato se
celebró en plena campaña del No a la revocatoria de Villarán.
El consorcio liderado por Odebrecht obtuvo la concesión sin competencia. El germen del proyecto fue una
iniciativa privada presentada por la propia Odebrecht en 2010. En mayo de 2012,
el Concejo Municipal, por amplia mayoría, declaró el proyecto de Odebrecht de
interés público. Así, Susana Villarán entregó 115 kilómetros de vías de Lima a
Odebrecht sin licitación o concurso público. Peor aún, la Municipalidad
villaranista no invitó ni a la Contraloría ni al MEF a revisar los términos del
contrato.
En junio de 2016, Odebrecht vendió 57% de su participación
en Rutas de Lima por US$430 millones a Brookfield conservando 25% de las
acciones. Se puede inferir, entonces, que si alguien hubiera comprado el 100%
de la concesión hubiera pagado US$754 millones. La ciencia económica nos dice
que el precio de las acciones de un negocio es igual que las ganancias
que los accionistas anticipan recibir. La razón es sencilla: nadie compra o
vende algo para perder plata. Por lo tanto, podemos concluir que los ingresos
de Rutas de Lima, en valor presente, eran mayores a los egresos en más de
US$750 millones en junio de 2016. Los egresos incluyen el costo de las obras más su financiamiento así como los costos de mantenimiento, operación y supervisión de la concesión.
Así, el precio de venta de las acciones de Odebrecht a
Brookfield hace evidente que Rutas de Lima es una estafa para la ciudad. Las
ganancias de los dueños de la concesión, por lo menos US$750 millones, salen de
los bolsillos de los limeños. La tasa de rentabilidad de Odebrecht y sus socias
es estratosférica pues gran parte del proyecto se financia con deuda. En junio
de 2014, Rutas de Lima emitió S/.1,459 millones de bonos que fueron adquiridos
con avidez, entre otros, por AFPs y compañías de seguros. Y, claro, ¿Cómo no
comprar bonos emitidos por quien disfrutará de peajes de Lima durante 3
décadas?
A su vez, los peajes han aumentado más de 50% desde el 2013 sin
que haya habido una mejora equivalente en la calidad o cantidad de la
infraestructura vial o una reducción en los tiempos de viaje. El carácter leonino
del contrato es notorio en la cláusula 10.4 que estipula que si el
concesionario no pudiera “explotar cualquiera de las Unidades de Peaje
Existentes y/o Unidades Nuevas de Peaje” por protestas sociales, entonces la
Municipalidad tendrá que pagarle un monto equivalente a la recaudación perdida.
Así, aunque masivas protestas impidieron la operación del abusivo doble peaje
en Puente Piedra, Odebrecht y sus socias no han perdido un centavo.
Se puede inferir que la perdida social de Rutas de Lima,
desde enero de 2018 hasta febrero de 2043, será superior a US$600 millones. ¿Qué
hacer? La primera solución sería invitar al concesionario a renegociar el
contrato de mutuo acuerdo. Es sencillo estimar que la tarifa del peaje podría
reducirse en por lo menos un sol sin que Rutas de Lima deje de ser en extremo rentable
para el concesionario.
La segunda solución es que la Municipalidad ponga término unilateral
a la concesión por razones de interés público de acuerdo con la cláusula 17.7
del contrato. Las pingües ganancias del concesionario y el carácter
leonino del contrato constituyen razones suficientes para terminar la concesión.
En este caso, la Municipalidad le pagaría al concesionario por las inversiones
realizadas, previo peritaje internacional, pero se le ahorraría varios cientos
de millones al ciudadano pues las tarifas de peaje podrían reducirse por lo menos en un sol.
¿Por qué se obliga a los limeños a tener que pagar peajes
cada vez mayores si no hay vías alternas para desplazarse por la ciudad? ¿Para
qué pagamos impuestos si el Estado es incapaz de proveernos de vías de comunicación
razonables incluso dentro de la capital del Perú? ¿Es qué la única manera de
invertir en Lima es a través de Asociaciones Público Privadas que solo enriquecen
al privado a costa del dinero del ciudadano?
¿Por qué la gestión de Susana Villarán negoció Rutas de Lima
en condiciones tan lesivas? ¿Fue ineptitud? ¿Hubo acaso corrupción? Según las
investigaciones del caso Lava Jato en Brasil, hay dos pagos por US$711 mil en
una planilla de coimas de Odebrecht por Rutas de Lima. Los pagos se hicieron
efectivos el 2014 a nombre de un tal “Budian”. Además, Jorge Barata ha confesado
que, junto con OAS, Odebrecht “aportó” US$3 millones a las campañas de Susana
Villarán a pedido de la propia ex alcaldesa.
¿Quiénes más se beneficiaron con Rutas de Lima? De acuerdo
con información proporcionada por Odebrecht, la empresa First Capital de
Gerardo Sepulveda recibió US$153,000 de Rutas de Lima por servicios de estructuración
financiera. Como sabemos, PPK, socio de Sepulveda, apoyó el No a la Revocatoria
y afirmó que la gestión de Villarán estaba libre de sospechas de corrupción.
Será la presente o futura administración municipal la que
tenga que librar al ciudadano de la estafa que Susana Villarán nos legó en
Rutas de Lima. Es obligación de cada limeño exigir la renegociación o el término
de la lesiva concesión.
Juan Mendoza, 10 de enero de 2018.