Perú está 11 países donde es más fácil comprar una sentencia judicial. La pérdida social de la corrupción supera los USD 30,000 millones desde el 2000: USD 1,000 por persona.
Recientes audios sugieren corruptelas de espanto en el Poder Judicial: un juez supremo habría habría negociado la liberación o reducción de pena de un violador de menores; un juez superior habría favorecido a un acusado de corrupción. Ricardo Lago nos recuerda que el Perú está entre los 11 países del mundo en que es más fácil comprar una sentencia judicial según un ranking del Foro Económico Mundial. Pero, ¿Cómo reformar la justicia en el Perú?La reforma judicial debería tener cuatro elementos fundamentales. El primero es que sea creíble para el ciudadano. Para ello, la reforma debe ser conducida por personas de trayectoria profesional y ética intachable. Asimismo, para que el ciudadano crea en la seriedad de la reforma, la misma debe ser conducida en plazos breves pero razonables.
El segundo elemento de la reforma es que tiene que ser políticamente viable. Para que la reforma sea sostenible es esencial que todas las fuerzas políticas la respalden. Además, la reforma debe tener la participación del Ejecutivo y del Congreso sin que ello signifique que se vulnere la autonomía del Poder Judicial.
El tercer elemento de la reforma es que debe respetar escrupulosamente la Constitución y la Ley. Si la reforma se utiliza como pretexto para adelantar elecciones o convocar asambleas constituyentes, entonces perderá su razón de ser y fracasará.
El cuarto elemento de la reforma judicial es el más importante: debe llevar a que no haya impunidad en el caso Lava Jato. Como sabemos, Odebrecht ha encabezado en el Perú una organización delictiva en los últimos gobiernos. Abrumadora evidencia sugiere que los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski formaban parte de esta banda criminal en proyectos como la Interoceánica Sur, Olmos, y el Gasoducto del Sur. Peor aún, Kuczynski, a través de su ex ministro Bruno Giuffra y su abogado Alberto Borea, habría utilizado nuestro dinero para comprar votos de congresistas para evitar su vacancia por incapacidad moral.
La organización criminal de Odebrecht también contaba entre sus filas a multitud de empresarios, economistas, abogados, y periodistas. Por ejemplo, Graña y Montero, accionista de El Comercio, se habría dedicado sistemáticamente a la coima para obtener contratos públicos según la Fiscalía.
El problema es que hasta hoy no les pasa absolutamente nada a Odebrecht, Graña, Toledo, Humala, Kuczynski y sus secuaces. Odebrecht y Graña siguen cobrando por concesiones que, todo indica, obtuvieron coimeando. Toledo disfruta del sol de California mientras su extradición avanza a paso de tortuga. Humala, a quien Marcelo Odebrecht y Jorge Barata aseguran haberle dado USD 3 millones, y Kuczynski, que mintió con descaro sobre sus vínculos con Odebrecht, se dan el lujo de dar consejos sobre cómo reformar el Poder Judicial. Para colmo de males, el Brasil ha suspendido su colaboración judicial con el Perú debido a una queja de Odebrecht.
¿Qué mensaje recibe el ciudadano si a los grandes corruptos la justicia no los toca? ¿No es obvio que cualquier reforma judicial será letra muerta mientras reine la impunidad? Y es que pareciera que en el Perú los únicos que van a la cárcel son los ladronzuelos de gallinas o los pájaros fruteros, mientras que hampones de marca mayor como Graña, Toledo, Humala o Kuczynski gozan en libertad de su botín.
Según mis estimaciones, la pérdida social de la corrupción sería superior a los USD 30,000 millones desde el año 2000. Ello quiere decir que la corrupción le ha costado a cada ciudadano cerca de USD 1,000 en proyectos superfluos o con sobreprecio. ¿Vamos a permitir los ciudadanos honestos que los corruptos sigan gozando de absoluta impunidad?
Juan Mendoza, 15 de julio de 2018.