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La pena de muerte salva vidas

La pena de muerte salva vidas. Cada criminal ejecutado salvaría la vida de al menos cuatro ciudadanos al tiempo que evitaría nuevas violaciones u otros execrables delitos.

La pena de muerte salva vidas porque disuade la comisión de nuevos crímenes, al aumentar el costo de matar para los homicidas o de violar para los violadores. Los potenciales criminales lo pensarían dos veces si su propia vida estuviera en juego. El Profesor Isaac Ehrlich, el mayor estudioso del poder disuasivo de la pena de muerte en los Estados Unidos, encontró que cada ejecución reducía en cerca de ocho el número de homicidios.

El grueso de trabajos posteriores, como los de la Profesora Joanna Shepherd, ha concluido que la pena de muerte evita al menos cuatro nuevos homicidios. Los datos nos dicen que el poder disuasivo de la pena de muerte es mayor cuanto más rápido se aplica y cuanto mayor es el número de ejecuciones, como en Texas o Virginia. Así, la aplicación masiva y con celeridad de la pena de muerte haría que se salven más vidas de ciudadanos inocentes.

La segunda razón por la cual la pena de muerte salva vidas es porque, al ejecutar al criminal, se evita que éste vuelva a matar o a violar. Como dice el refrán: “Muerto el perro, se acabó la rabia”. En el Perú, se puede inferir que, en el último año, por lo menos 24% de los homicidas y 11% de los violadores de menores son delincuentes reincidentes.

Si se aplicara bien, la pena de muerte en el Perú tendría mucho mayor poder disuasivo que en los Estados Unidos. La cadena perpetua en los Estados Unidos realmente implica reclusión de por vida y, por lo tanto, ya disuade a muchos potenciales criminales. En cambio, en nuestro país, la cadena perpetua es un engaña muchachos. Peor aún, muchas de las cárceles peruanas funcionan como auténticas escuelas del crimen que no disuaden ni rehabilitan.

Países tan diversos como Arabia Saudita, China, Cuba, Japón, Estados Unidos y Tailandia siguen utilizando la pena de muerte. Ejecutar a alguien no debe ser tomado a la ligera. Pero, ¿es ético no ejecutar a un homicida convicto y confeso sabiendo que al menos cuatro personas conservarían la vida si se le ejecuta?

Si no se quiere adoptar la pena de muerte, entonces se debe construir más cárceles, mejorar las remuneraciones y pensiones, el equipamiento y la infraestructura de policías, jueces y fiscales. Pero, el gobierno de PPK, igual que el de Humala, ha reducido los recursos asignados a la seguridad ciudadana, medidos como fracción del presupuesto o como fracción del PBI.

A inicios de este siglo, el presupuesto del Ministerio del Interior era 1.5% del PBI y 8.5% del presupuesto nacional. Hoy, apenas llega a 1.3% del PBI y a 6% del presupuesto nacional. Las remuneraciones de los policías ecuatorianos son más del doble que las de sus pares peruanos. Cerca de la mitad de las comisarias no tiene acceso a internet, ni al sistema de denuncias policiales, ni a Reniec. En términos per cápita, el presupuesto del INPE es la octava parte que el de la gendarmería chilena. El hacinamiento en las cárceles es monstruoso: hay capacidad para 37 mil, pero la población penal supera los 85 mil. Para colmo de males, el 43% de los internos no tiene sentencia.

Los ciudadanos se defienden como pueden del acecho de los delincuentes ante la desidia y pasividad de los sucesivos gobiernos. Son los más pobres los que más sufren como consecuencia del abandono del Estado de su función primordial de proteger al ciudadano.

Juan Mendoza, 1 de noviembre de 2017.

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