La pena de muerte salva vidas.
Cada criminal ejecutado salvaría la vida de al menos cuatro ciudadanos al
tiempo que evitaría nuevas violaciones u otros execrables delitos.
La pena de muerte salva vidas
porque disuade la comisión de nuevos crímenes, al aumentar el costo de matar
para los homicidas o de violar para los violadores. Los potenciales criminales lo
pensarían dos veces si su propia vida estuviera en juego. El Profesor Isaac Ehrlich, el mayor estudioso del poder disuasivo de la pena de muerte en los
Estados Unidos, encontró que cada ejecución reducía en cerca de ocho el número
de homicidios.
El grueso de trabajos posteriores,
como los de la Profesora Joanna Shepherd, ha concluido que la pena de muerte
evita al menos cuatro nuevos homicidios. Los datos nos dicen que el poder
disuasivo de la pena de muerte es mayor cuanto más rápido se aplica y cuanto
mayor es el número de ejecuciones, como en Texas o Virginia. Así, la aplicación
masiva y con celeridad de la pena de muerte haría que se salven más vidas de
ciudadanos inocentes.
La segunda razón por la cual la
pena de muerte salva vidas es porque, al ejecutar al criminal, se evita que
éste vuelva a matar o a violar. Como dice el refrán: “Muerto el perro, se acabó
la rabia”. En el Perú, se puede inferir que, en el último año, por lo menos 24%
de los homicidas y 11% de los violadores de menores son delincuentes reincidentes.
Si se aplicara bien, la pena de
muerte en el Perú tendría mucho mayor poder disuasivo que en los Estados
Unidos. La cadena perpetua en los Estados Unidos realmente implica reclusión de
por vida y, por lo tanto, ya disuade a muchos potenciales criminales. En cambio,
en nuestro país, la cadena perpetua es un engaña muchachos. Peor aún, muchas de
las cárceles peruanas funcionan como auténticas escuelas del crimen que no
disuaden ni rehabilitan.
Países tan diversos como Arabia
Saudita, China, Cuba, Japón, Estados Unidos y Tailandia siguen utilizando la
pena de muerte. Ejecutar a alguien no debe ser tomado a la ligera. Pero, ¿es
ético no ejecutar a un homicida convicto y confeso sabiendo que al menos cuatro
personas conservarían la vida si se le ejecuta?
Si no se quiere adoptar la pena
de muerte, entonces se debe construir más cárceles, mejorar las remuneraciones
y pensiones, el equipamiento y la infraestructura de policías, jueces y
fiscales. Pero, el gobierno de PPK, igual que el de Humala, ha reducido los
recursos asignados a la seguridad ciudadana, medidos como fracción del
presupuesto o como fracción del PBI.
A inicios de este siglo, el
presupuesto del Ministerio del Interior era 1.5% del PBI y 8.5% del presupuesto
nacional. Hoy, apenas llega a 1.3% del PBI y a 6% del presupuesto nacional. Las
remuneraciones de los policías ecuatorianos son más del doble que las de sus
pares peruanos. Cerca de la mitad de las comisarias no tiene acceso a internet,
ni al sistema de denuncias policiales, ni a Reniec. En términos per cápita, el presupuesto
del INPE es la octava parte que el de la gendarmería chilena. El hacinamiento
en las cárceles es monstruoso: hay capacidad para 37 mil, pero la población
penal supera los 85 mil. Para colmo de males, el 43% de los internos no tiene
sentencia.
Los ciudadanos se defienden como
pueden del acecho de los delincuentes ante la desidia y pasividad de los sucesivos
gobiernos. Son los más pobres los que más sufren como consecuencia del abandono
del Estado de su función primordial de proteger al ciudadano.
Juan
Mendoza, 1 de noviembre de 2017.