Según estudio, fallo del Tribunal Constitucional causó pérdida de 6,100 millones y 900,000 empleos formales. Tribunal, que se dispondría a analizar la Ley Mulder, tendría miembros que han mentido y cometido prevaricato con impunidad.
La evidencia sugiere que un fallo del Tribunal Constitucional (TC) ha originado la pérdida de 6,100 millones de ingresos para los trabajadores y no menos de 900,000 empleos formales que hubieran estado protegidos por contratos laborales indefinidos. Peor aún, el TC tendría miembros prevaricadores y que han mentido con impunidad.Dos de cada tres trabajadores peruanos son informales: no tienen derechos laborales, ni acceso a la provisión de salud o a una pensión de jubilación. Según Gustavo Yamada y Pablo Lavado, el grado de informalidad laboral en nuestro país es 20 puntos porcentuales superior al que tienen países de ingreso per cápita similar. A través de una controversial sentencia del año 2001, el TC habría contribuido a que la informalidad laboral siga siendo la norma en el Perú.
En efecto, la sentencia STC-1124-2001-AA del TC establece que los trabajadores con contratos laborales indefinidos que hayan sufrido despido arbitrario tienen derecho, además de una indemnización, a ser repuestos en su puesto de trabajo. En la práctica, ello equivale a que los trabajadores con contratos laborales indefinidos gocan de estabilidad laboral absoluta sin importar su productividad. Pero, ¿Cuáles han sido los efectos de la sentencia del TC?
De acuerdo con un estudio de Miguel Jaramillo, Julio Almonacid y Luciana de la Flor, disponible en goo.gl/urtYsY, la sentencia del TC ha reducido hasta en un 80% la probabilidad de que un trabajador tenga un contrato laboral indefinido. Según las estimaciones de estos autores, la sentencia del TC ha originado que se deje de contratar a por lo menos 900,000 personas de forma indefinida, que se pierdan 6,100 millones en ingresos laborales hasta el 2015, y que los sindicatos hayan dejado de afiliar a 36,000 trabajadores.
La intuición detrás de estos resultados es sencilla: ¿Qué empresa se arriesgaría a contratar a alguien por tiempo indefinido sabiendo que no lo podrá despedir incluso si su productividad es baja? Jaramillo, Almonacid y de la Flor (página 54) concluyen que “los trabajadores están hoy en día menos protegidos debido a la” sentencia del TC “que claramente tiene efectos negativos sobre el bienestar de los trabajadores y el desarrollo productivo de la nación.” En un artículo reciente, goo.gl/UdXkxW, Jaramillo agrega que el TC adoptó su sentencia “sin consideración de la teoría económica ni de la evidencia empírica sobre sus potenciales efectos.”
Pero, el escaso o nulo conocimiento de la teoría económica sería el menor de los problemas del TC. Cuatro de sus miembros (Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña) habrían cometido prevaricato como lo explica Jaime de Althaus en un artículo de octubre de 2017: goo.gl/6b5GU7. Estos magistrados se habrían confabulado “para retirar el voto del magistrado Vergara Gotelli” de un hábeas corpus que favorecía a 34 marinos que nos defendieron de 135 terroristas de Sendero Luminoso en el Frontón en 1986. Según de Althaus, un “escandaloso auto” del TC ha servido para que se mantenga viva la persecución judicial contra los marinos.
Peor aún, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña habría mentido de forma repetida sobre su título de doctor en derecho cuando pugnaba por ser miembro del TC. Ver el excelente resumen de Óscar Súmar de las denuncias sobre Espinosa-Saldaña en goo.gl/PYrgFv. Para colmo de males, una sentencia del TC de abril de este año, que liberó a Ollanta Humala y Nadine Heredia de la prisión preventiva, ha sido señalada por muchos como un devastador golpe a la lucha contra la corrupción. Según la Fiscalía, los Humala recibieron USD 3 millones de coima de Odebrecht a cambio de la concesión del Gasoducto del Sur.
Ernesto Blume, Presidente del TC, ha dicho que el 25 de junio de 2018 el TC decidirá si admite a trámite las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Mulder que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. La congresista Yeni Vilcatoma se ha preguntado cómo así hay tanta premura en analizar estas demandas cuando el TC tiene 10,000 casos abandonados y “¿Cuánto esfuerzo costaría tanta celeridad?”.
Los ciudadanos esperamos que el Tribunal Constitucional cautele nuestros derechos. No queremos un “Tribunal Chicha” en que las sentencias se adopten sin analizar sus consecuencias económicas y sociales, y en que los magistrados mientan y cometan prevaricato con impunidad o estén confabulados con los políticos corruptos y los lobbies.
Juan Mendoza, 24 de junio de 2018