El Estado pierde más de US$22,500 por hectárea en Olmos. Pérdida social total supera US$850 millones. Odebrecht y First Capital son los ganadores.
Olmos es una estafa monumental. Ni un solo agricultor de Lambayeque recibirá una sola hectárea de nuevas tierras. La pérdida social supera los US$850 millones. Los ganadores de Olmos son Odebrecht, que obtendrá una tasa de rentabilidad superior al 250%, y First Capital que participó en el financiamiento del lesivo proyecto.
El proyecto Olmos tiene 3 componentes. El primero es el trasvase Olmos (CTO) que consiste en llevar las aguas del Río Huancabamba desde la vertiente oriental de los Andes hacia la occidental. El segundo es irrigar 38,000 hectáreas de tierras eriazas y mejorar la calidad de otras 5,500 hectáreas (H2Olmos). El tercero es la generación de 850 GWh anuales de electricidad. Este artículo trata sobre los dos primeros componentes.
El 24 de julio de 2004, Odebrecht obtuvo la concesión del trasvase Olmos como postor único. Odebrecht solo invirtió US$20 millones en la fase de construcción que culminó en julio de 2012. El resto se financió con US$77 millones del Estado y US$150 millones de deuda. El trasvase tiene una garantía soberana del Estado por más de $401 millones: si Odebrecht no paga, el Perú tendría que asumir la deuda.
El trasvase ha sido negocio redondo para Odebrecht: disfruta de ingresos garantizados de más de US$31 millones anuales sin importar el volumen de agua que se trasvase. Como los gastos son de US$7 millones, cada año tiene un margen operativo de US$24 millones. El margen hasta el final de la concesión, setiembre de 2025, será mayor a US$336 millones.
Además, Odebrecht recibió US$49 millones en otros pagos del Estado. Así, sus ingresos por el trasvase serán mayores a US$385 millones. Sus egresos, tomando en cuenta el pago de la deuda y las comisiones, serán inferiores a US$315 millones. Por lo tanto, Odebrecht ganará más de US$70 millones. Dado que solo invirtió US$20 millones, su tasa de rentabilidad en el trasvase será superior al 250%.
El 11 de junio de 2010, bajo la razón social H2Olmos, Odebrecht se adjudicó la concesión para irrigar 38,000 hectáreas de tierras eriazas durante 25 años con el agua producto del trasvase. No hubo licitación: Odebrecht presentó una iniciativa privada que fue aprobada por el Gobierno Regional de Lambayeque con el visto bueno del MEF.
Odebrecht solo invirtió US$13 millones de capital propio en las obras de irrigación. El resto se financió con US$117 millones de la venta de tierras y US$128 millones de deuda. Odebrecht tiene ingresos garantizados de US$22 millones anuales por H2Olmos sin importar si hay o no demanda de agua. Dado que los gastos operativos son menores a US$10 millones, el margen anual es mayor a US$12 millones.
Descontando el pago de la deuda, Odebrecht ganará más de US$50 millones por H2Olmos sin incurrir en ningún tipo de riesgo: nuevamente una tasa de rentabilidad superior al 250%. Y ello sin tomar en cuenta las ganancias de Odebrecht por la venta de 11,530 hectáreas que, aunque parezca increíble, el Estado le permitió conservar inicialmente.
Las concesiones del trasvase y de la irrigación de Olmos son en extremo lesivas para el Perú. Hasta el 2035, la inversión pública en Olmos superará los US$1,050 millones con facilidad: más de US$27,500 por hectárea. Como el precio promedio de venta ha sido US$5,000 por hectárea, la pérdida social de cada hectárea excede los US$22,500. La pérdida social de las 38,000 hectáreas será mayor a US$850 millones.
Peor aún, ninguno de los compradores de las 38,000 hectáreas es un pequeño agricultor de Olmos o de Lambayeque. Los dueños de las tierras son grandes empresas, algunas extranjeras, que han recibido tierras subsidiadas a costa del erario público y de la emisión de garantías soberanas.
Para colmo de males, según diversos expertos, hay grosera sobre-valoración en las obras del trasvase y de la irrigación, además de severas deficiencias técnicas. Ver, por ejemplo, el testimonio del ingeniero Luis Montenegro en la Comisión Lava Jato del 28 de agosto de 2017.
El centenario sueño de Olmos se ha vuelto una pesadilla. El descomunal dispendio de recursos públicos puede ser consecuencia de ineptitud o corrupción. Los ex funcionarios que participaron en las concesiones tienen mucho que explicar.
1. ¿Por qué se eximió del SNIP al trasvase de Olmos mediante D.S. Nº 118-2003-EF durante el Gobierno de Alejandro Toledo? ¿Por qué Yehude Simon, Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, y los funcionarios de Proinversión diseñaron un contrato en que el Estado aportaba US$77 millones al trasvase cambio de nada?
2. Como ha apuntado el ex Congresista Juan Pari en su Informe de Junio de 2016, ¿Por qué Pedro Pablo Kuczynski, como titular del MEF, “firmó el contrato de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento” para pagar los US$77 millones de aporte estatal ?
3. ¿Por qué Fernando Zavala, titular del MEF, firmó el D.S. Nº 014-2006-EF que estableció una garantía soberana de más de US$401 millones por el trasvase? ¿A quién le pareció que era buena idea que el Estado asumiera todo el riesgo del proyecto? ¿Por qué PPK, como Presidente del Consejo de Ministros, no se opuso a la garantía soberana?
4. Según documentos obtenidos por el Congresista Manuel Dammert y Caretas, la empresa First Capital fue “asesor financiero exclusivo” de la emisión de US$100 millones de bonos por el trasvase de Olmos entre 2005 y 2006. Se sabe que Gerardo Sepúlveda es el dueño de First Capital y que PPK era su socio en diversas empresas precisamente durante la emisión de estos bonos. ¿Sabía PPK, entonces Premier, que su socio Sepúlveda estaba dando servicios financieros a Odebrecht por el trasvase?
5. ¿Por qué Mercedes Aráoz, como titular del MEF, dio el visto bueno del MEF a la lesiva concesión H2Olmos? ¿Por qué no se prefirió el proyecto alternativo de Nippon Koei que tenía características técnicas superiores y costaba 30% menos que el Odebrecht?
a. En su Declaración Jurada de Intereses del 31 de enero.
b. En Carta a la Congresista Rosa Bartra, Presidenta de la Comisión Lava Jato, del 23 de octubre.
c. En un tuit del 14 de noviembre en qué afirmó: “Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht”.
7. Las doctoras Julia Príncipe y Katherine Ampuero se oponían a que Odebrecht vendiera Olmos antes de pagar una reparación civil al Estado. En julio pasado, la ex Ministra Marisol Pérez Tello las despidió y explicó que su oposición a la venta era un obstáculo al mantenimiento de la “cadena de pagos”. Bajo la luz del análisis de ambos contratos de concesión, ¿Cuál fue la verdadera razón de los despidos de Príncipe y Ampuero?
8. Tomando en cuenta sus ahora notorios vínculos con Odebrecht, ¿Por qué Pedro Pablo Kuczynski, como Presidente de la República, se niega a asistir a la Comisión Lava Jato? ¿Cuándo presentará su verdadera Declaración Jurada de Intereses? ¿Tiene otros conflictos de interés además de Olmos? ¿Qué más debería saber el ciudadano?
Juan Mendoza, 13 de diciembre de 2017.